La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial sumó un nuevo capítulo judicial. Un fallo federal suspendió la aplicación de la Resolución 42/2026, que disponía el despido de más de 700 trabajadores y el recorte de unos 900 servicios técnicos del organismo.
La medida cautelar fue dictada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, quien hizo lugar al reclamo presentado por ATE y ordenó al INTI abstenerse de ejecutar los cambios previstos en la resolución oficial.
La decisión judicial tendrá vigencia durante seis meses desde su notificación y representa un fuerte revés para el plan de reducción del Estado impulsado por el Ejecutivo nacional.
ATE celebró el fallo contra los despidos en el INTI
El secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, calificó la resolución como “un triunfo para los estatales” y sostuvo que “la Justicia frenó los despidos masivos y el desmantelamiento del organismo”.
El dirigente remarcó que “no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional” y consideró que la medida judicial representa “un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
Además, Aguiar advirtió que el fallo obliga a las autoridades del INTI a retroceder con la Resolución 42/2026, impidiendo “la cesación, transferencia o modificación” de funciones y garantizando la continuidad laboral de los trabajadores afectados.
Qué establece el fallo judicial contra la Resolución 42/2026
La resolución judicial ordena al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la normativa impulsada por el Gobierno. Entre los puntos centrales, prohíbe:
La cesación de servicios técnicos y científicos.
La transferencia o modificación de funciones.
El traslado o reubicación de equipamiento especializado.
Cambios en las condiciones laborales del personal afectado.
Asimismo, el fallo dispone la continuidad de programas de asistencia técnica, certificaciones, ensayos y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El magistrado sostuvo que existía riesgo de un “daño irreparable” ante eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo.
Qué servicios del INTI buscaba eliminar el Gobierno
La ofensiva sobre el INTI había sido impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien argumentó que muchos de los servicios del organismo tenían “baja demanda”.
Entre los servicios afectados figuraban:
Ensayos microbiológicos en alimentos.
Controles de Salmonella, E. coli y Listeria.
Análisis de calidad de agua y efluentes.
Controles de contaminantes y micotoxinas.
Servicios de metrología y calibración.
Ensayos de seguridad eléctrica y electrónica.
Controles industriales y de combustibles.
Desde ATE denunciaron que el recorte implicaba un “desmantelamiento” del organismo y alertaron sobre posibles riesgos sanitarios y productivos por la eliminación de controles técnicos esenciales.
ATE denunció vaciamiento y pérdida de personal especializado
Según explicó Aguiar, el INTI brindaba alrededor de 3.000 servicios técnicos y la eliminación de casi 1.000 representaba una reducción cercana al 30% de la capacidad operativa del organismo.
El sindicato también advirtió sobre la posible pérdida de profesionales y técnicos altamente especializados y rechazó el argumento oficial de que el instituto es deficitario.
“Los servicios que realiza el INTI son pagos por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”, sostuvo el titular de ATE.
La cautelar judicial representa, por ahora, un freno al plan de ajuste del Gobierno sobre uno de los principales organismos tecnológicos y de control industrial del país.